Respuesta de los Estados ante los Feminicidios

El compromiso asumido por los Estados de América Latina y el Caribe se ha reflejado en importantes acuerdos internacionales para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, como los expresados en la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (CEDAW) y la (Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer o Convención de Belém do Pará), por un lado, y la elaboración de la Recomendación general núm. 19 por parte del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, por otro (Naciones Unidas, 1992). Esto ha traído consigo la concreción de un número importante de iniciativas de política en las últimas dos décadas, que se han traducido en cambios en el orden jurídico de los países, en la creación de programas y el avance de la medición de la violencia contra las mujeres. 

En la actualidad, existen cinco países de América Latina y el Caribe (Chile, Cuba, El Salvador, Honduras y Nicaragua) no han ratificado este instrumento, fundamental para avanzar en el acceso de las mujeres a la justicia. 

Otro de los organismos internacionales que vela por la igualdad de derechos de las mujeres es la Convención Belem do Para, firmada en la ciudad de Belém do Pará, Brasil en julio de 1994. Nicaragua como país miembro de la Organización de Estados Americanos (OEA), ratificó la Convención en 1995 y con ello ha reconocido que la violencia contra la mujer es una violación de los derechos humanos y de las libertades fundamentales; y que su eliminación es una condición indispensable para el desarrollo individual y social de las mujeres y su plena participación en las distintas esferas de vida. 

Otro de los organismos internacionales que vela por la igualdad de derechos de las mujeres es la Convención Belem do Para, firmada en la ciudad de Belém do Pará, Brasil en julio de 1994. Nicaragua como país miembro de la Organización de Estados Americanos (OEA), ratificó la Convención en 1995 y con ello ha reconocido que la violencia contra la mujer es una violación de los derechos humanos y de las libertades fundamentales; y que su eliminación es una condición indispensable para el desarrollo individual y social de las mujeres y su plena participación en las distintas esferas de vida:

• Dar cumplimiento a los DDHH de las mujeres y eliminar la discriminación.
• Contar con legislación integral.
• Promover políticas publicas.
• Garantizar el acceso a la justicia.
• Aumentar el número de las entidades encargadas de recibir las denuncias de violencia contra las mujeres, para atender mejor a las denunciantes. Entre estas entidades se debe contar con comisarías de las mujeres, unidades de género en las delegaciones policiales, establecer Fiscalías, juzgados o tribunales competentes.